Población penal aún espera construcción de cárceles prometidas por el Gobierno
Población penal aún espera construcción de cárceles prometidas por el Gobierno
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Heberlizeht González C./ Mariangie Tarazona
Al momento de su llegada de Iris Varela al ministerio para los Servicios Penitenciarios, en junio de 2011, la funcionaria ofertó la construcción de 11 cárceles en Venezuela. Hasta la fecha la promesa ha sido incumplida. Por el contrario, el Gobierno nacional ha cerrado tres recintos penitenciarios.
Delsa Solórzano, vicepresidente de Un Nuevo Tiempo y miembro de la Comisión de Asuntos Penitenciario del Parlatino, señaló que en 2011 se decretó la emergencia penitenciaria para permitirle al Gobierno construir las cárceles que consideraran necesarias, sin pasar por lo que ellos llaman “burocracia”. Este término para Solórzano tiene otro significado. “Tener control administrativo es garantía y transparencia”.
El presidente Hugo Chávez posteriormente lanzó la misión “A Toda Vida Venezuela”, en la que destacaba la obligatoriedad de construir ocho penales más en otro plan. De esta manera el país contaría con 19 nuevos recintos.
La misión va para un año, la Ministra un año y medio en el cargo, y no hay trabajos que indiquen la construcción de nuevas cárceles, excepto en Tocuyito. Hoy existen 31 recintos con capacidad para 11 mil 200 reclusos para una población de más de 45 mil.
En 1999 se diseña el plan de desarme pacífico carcelario o plan de dignidad carcelaria. “En el 2000 se hizo un reajuste del plan anterior. En 2008 se anunció el sistema socialista penitenciario. El plan de humanización carcelario se divulga para el 2004-2007 y luego en el 2011 seguimos igualitos”, destacó Solórzano.
La vicepresidenta de UNT denunció que en los casi 15 años del gobierno de Hugo Chávez, cinco mil 650 reclusos han muerto en las cárceles venezolanas. En la gestión de la ministra Varela, van 800 reos fallecidos.
Hasta el momento el Gobierno nacional no ha cumplido con las promesas de la construcción de cárceles. Para 2010 se tenía prevista la culminación de la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, para sustituir al popular Penal de Tocuyito, pero hasta la fecha la edificación continúa “en pie”.
El 1º de noviembre de 2012, Laila Tajeldine, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio para el Servicio Penitenciario (Mppsp), anunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que en un año, culminarán 24 cárceles para procesados del país. Sin embargo, hasta ahora, tres meses después, no se ha iniciado ninguna construcción y por el contrario han cerrado una cárcel más: Uribana en Lara.
Los presos de Uribana, luego de la masacre donde aparentemente murieron 58 personas, porque aún no se sabe la verdad -según Solórzano- fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país. Cinco fueron llevados a Tocuyito (donde había cuatro 4 mil 415 reclusos, ahora hay cuatro mil 420 y su capacidad es de mil 200 reos), 114 a la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) (había mil 417 y ahora hay mil 531 (su capacidad es para mil 100).
Hacia la región andina fueron trasladados 43 presos (había mil 344 y ahora son mil 387) y a la Comunidad de Coro enviaron a 127 presos (en el lugar había mil 617 y ahora son mil 744). 321 presos están en Trujillo (había mil 245 reclusos y ahora hay mil 566). A Sabaneta trasladaron 136 (había tres mil 233 y ahora son tres mil 369. su capacidad es para 800) y a Tocorón 219 (había cuatro mil .654, ahora son cuatro mil 873 y tiene capacidad para 750 presos). A Yaracuy enviaron a 586 (había mil 460, ahora son dos mil 46 y tiene capacidad para 500 reos) y al Rodeo I, 45 (había dos mil 547, ahora son dos mil 592 y tiene capacidad para 750 reclusos).
La situación, luego del cierre de tres cárceles, generó mayor hacinamiento y violencia. La cárcel de Tocorón en Aragua, es la que tienen más población en el país con cuatro mil 123 internos.
Trabajadores exigen reenganche
El pasado miércoles 6 de febrero más de 350 trabajadores protestaron pacíficamente a las afueras de la construcción de la nueva cárcel de Carabobo, en Libertador, para exigir que sean reenganchados en la obra en la cual laboraron hasta diciembre de 2012.
De acuerdo con Rodolfo Ortega, obrero, las contratistas Oticeca, Conrrada y Uda prescindieron de los trabajadores a final de 2012, luego de terminar la construcción de la tercera etapa, debido a que el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) no les había asignado los recursos.
La construcción de la cárcel comenzó en 2007. Los trabajos están divididos por etapas, ejecutadas por varias contratistas. A la fecha solo están laborando dos empresas, por lo que un sector está paralizado.
La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en compañía de miembros del Fonep les prometió hace meses a los trabajadores que tendrían continuidad laboral y que la obra no se paralizaría.