Muluka-Anne Miti, investigadora sobre Mozambique de Amnistía Internacional

08.02.2013 19:05

 

 

Sin declaración de culpabilidad, sin juicio, sin abogado. Personas que languidecen en las prisiones de Mozambique

 

Dijeron que había matado a mi madre”, dice Ana Silvia (no es su nombre real) cuando le pregunto por qué está en prisión. Me cuenta que tiene 17 años (nació el día de Navidad de 1994) y que la detuvieron casi 15 meses antes de nuestra visita, lo que significa que sólo tenía 15 años en el momento de su detención. Su reclusión era ilegal, según la legislación mozambiqueña. 

Es febrero de 2012 y formo parte de una delegación de Amnistía Internacional y de la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos que ha visitado cinco prisiones en las provincias mozambiqueñas de Maputo y Nampula, así como otros centros de detención. El caso de Ana Silvia es sólo uno de los cientos de casos de detención y reclusión ilegítimas que hemos encontrado. Muchos están documentados en un informe de Amnistía Internacional que se publica el 22 de noviembre.

“¿Mataste a tu madre?”, le pregunto a Ana Silvia. “No lo sé —dice—. No tengo ningún conocimiento de eso.” Parece confusa y frustrada. La legislación mozambiqueña no permite la reclusión sin juicio durante más de siete meses. Sólo en circunstancias muy excepcionales se puede ampliar este plazo hasta los 11 meses. Ana Silvia lleva recluida sin juicio 15 meses. Las autoridades judiciales —el juez de instrucción y la fiscalía— son responsables de garantizar que no se producen estas reclusiones prolongadas.

Cuando nos encontramos, Ana Silvia está en una celda con mujeres adultas que han sido declaradas culpables de delitos. Debido a su edad, no debería estar en una celda con personas adultas. Tampoco debería estar en una celda con mujeres que ya han sido declaradas culpables. Ana Silvia no ha sido declarada culpable de nada, pero el sistema la trata como si lo hubiera sido.

Me dice que cuando la interrogaron en la comisaría, los policías amenazaron con pegarla para obligarla a confesar. “Me preguntaron si sabía que había matado a mi madre —dice, con voz apenas audible—. Y cuando lo negué, preguntaron a mi padre si podían pegarme para hacerme confesar, pero mi padre dijo que no.”

Ana Silvia ha sido acusada de asesinar a su madre aunque no había indicios evidentes de que la muerte se produjera en circunstancias poco claras, ni de su implicación, y no se hizo una autopsia para determinar la causa de la muerte. La acusación contra ella se basó en la información facilitada por un vecino, que dijo que Ana Silvia había discutido con su madre unos días antes del fallecimiento de ésta.

La policía debe realizar una investigación exhaustiva para demostrar que una persona ha cometido un delito. Tiene prohibido recurrir a palizas o a amenazas de palizas para obtener una confesión. Muchas personas que han sido golpeadas o amenazadas con ser golpeadas confiesan un delito que no han cometido para acabar con el dolor físico que se les inflige.

Aunque Ana Silvia tiene un abogado, la mayoría de los detenidos pobres carecen de él. El Instituto de Asistencia y Representación Jurídica se creó para facilitar asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden pagar a un abogado, pero la mayoría de los detenidos son defendidos casi siempre por personas incompetentes o abogados con escasa experiencia.

Alrededor del 38 por ciento de las personas encarceladas en Mozambique lo están pese a no haber sido juzgadas y condenadas. Muchas de ellas han sido detenidas sin motivos suficientes y permanecen en prisión preventiva más tiempo del que permite la legislación mozambiqueña.

Al igual que Ana Silvia, se les suele pegar o amenazar con palizas. Muchas se ven obligadas a reconocer su culpabilidad, no tienen abogados competentes y terminan pasando meses —a veces años— olvidadas en prisión. 

La fiscalía, las autoridades judiciales y los abogados de Mozambique deben desempeñar eficazmente sus funciones para prevenir estas violaciones de derechos humanos. La policía no debe detener ni recluir ilegítimamente a nadie, ni maltratar a los detenidos. Quienes así actúan deben ser enjuiciados.

En julio de 2012, después de casi 20 meses recluida, Ana Silvia fue declarada culpable de asesinato y condenada a dos años de cárcel. Al haber cumplido más de la mitad de la pena en prisión preventiva, fue puesta en libertad condicional.