Fiscal: En Venezuela no se maltrata a privados de libertad
Fiscal: En Venezuela no se maltrata a privados de libertad
Ortega denunció campaña para hacer ver al Estado como violador de DDHH
Falsas. Así calificó la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, las denuncias sobre los abusos que policías y militares habrían cometido al controlar las manifestaciones convocadas por la oposición para exigir el recuento de los votos de los comicios presidenciales del 14 de abril y durante el tiempo que estuvieron detenidos algunos de los partícipes de dichas acciones.
"En Venezuela no se maltrata a las personas privadas de libertad. Las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos se les respetaron y garantizaron todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas", afirmó la jefa del Ministerio Público durante la rueda de prensa que ofreció ayer, para hacer balance de las investigaciones realizadas por su despacho con relación a los supuestos incidentes violentos ocurridos en el marco de las protestas opositoras y en la cual rechazó los señalamientos del Foro Penal Venezolano, en relación a que 195 personas detenidas durante las acciones de calle fueron maltratadas y vejadas. Dichas aseveraciones fueron reseñadas por este diario en su edición del martes.
El proceso abierto en marzo pasado contra el exfiscal 11 de Guárico, Jesús López, quien fue señalado junto a varios agentes de la policía científica de torturar a Moisés Salazar, cuando estaba detenido para conseguir que confesara haber matado a un hombre o lo ocurrido en los calabozos del Cicpc en 2011, donde tres detenidos murieron debido a golpes que le propinaron por sus captores, contradicen a la funcionaria.
Ortega Díaz continuó su intervención aseverando que algunas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación han puesto en marcha una "matriz" para "hacer ver que al Estado como violador de los Derechos Humanos", lo cual, según ella, tiene el propósito de "desviar la atención sobre los hechos que ocurrieron en el país".
Para sustentar sus sospechas la Fiscal General esgrimió el hecho de que "las personas que presuntamente fueron lesionadas el 16 de abril acudieron a formular la denuncia el día 23, es decir ocho días después. Ocho días después como que desaparecen los rastros de lo hechos que pudieron haber ocurrido" y agregó: "Antes de denunciar los hechos ante el Ministerio Público ya estaban reseñados en algunos medios".
Sobre el caso de Ehisler Vásquez, a quien un guardia nacional le habría disparado perdigones al rostro cuando protestaba en Barquisimeto, solo dijo: "Ya se designó un fiscal para conocer este hecho".
La imagen del joven, de 19 años de edad, con parte de la cara destrozada y ensangrentada ha corrido desde la semana pasada por las redes sociales y es esgrimida como prueba por no pocos ciudadanos de los abusos policiales cometidos.
Ortega Díaz negó que la actuación de su despacho se pueda interpretar como una criminalización de la protesta, a la cual calificó como "el oxígeno de la democracia", pero advirtió que aplicará todo el peso de la ley a quienes tuvieron "conductas que trajeron muertes, lesiones de personas y daños a la propiedad".
Contra Capriles
Tras informar que las protestas dejaron el saldo de 9 personas fallecidas, 78 heridos, 25 Centros de Diagnóstico Integral de Barrio Adentro dañados o asediados y 18 detenidos, Ortega Díaz insistió en responsabilizar de estos sucesos a los pedidos "irresponsables de algunos actores políticos que llamaron a atentar contra las personas e instituciones".
Cuando se le consultó en qué momento se realizó semejante llamado aseveró que fue mediante "llamados directos y subliminales".
Aunque en esta ocasión no mencionó directamente al candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, cuando se le interrogó si atribuirle a sus convocatorias a protestar la culpa de los supuestos incidentes no daría la razón a quienes durante años atribuyeron a las duras críticas del fallecido presidente Hugo Chávez a los medios y periodistas las agresiones que estos sufrieron durante su gestión, la funcionaria respondió: "Primero voy a pedir respeto a la memoria del presidente Chávez. En consecuencia preguntas como esa no te voy a responder".
La Fiscal General aprovechó una pregunta para ponerle los puntos sobre las íes a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien en la víspera anunció que tenía lista una celda para el Gobernador de Miranda. "Quien acusa es el Ministerio Público, no hay otro ente, organismo ni otra institución que tenga el ejercicio de la acción penal en este país. La Constitución lo dice de manera clara: El Ministerio Público es quien ejerce la acción penal y a quien le corresponde imputar y acusar".
Por último, confirmó que subalternos suyos entrevistaron, en calidad de testigos, al grupo de militares que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro anunció que estaban siendo investigados dentro de las averiguaciones sobre un supuesto plan para asesinarlo o para derrocar a su Gobierno.